El principio del interés superior del niño es uno de los pilares fundamentales en la protección de la infancia. Se trata de un criterio que orienta todas las decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes, estableciendo que su bienestar y desarrollo integral deben ser siempre la consideración primordial.
Este principio encuentra su principal fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Chile en 1990. En su artículo 3, la Convención señala que en todas las medidas concernientes a la niñez —ya sea adoptadas por instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas o cuerpos legislativos— debe primar el interés superior del niño.
Aunque este concepto se consolidó a nivel internacional con la Convención, sus orígenes se remontan a desarrollos previos en el derecho internacional, como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, donde ya se planteaba la necesidad de otorgar una protección especial a la infancia. Su surgimiento responde a un cambio profundo en la forma de entender a los niños y niñas: dejaron de ser considerados objetos de protección para ser reconocidos como sujetos de derechos, con voz, dignidad y necesidades propias.
¿Qué significa realmente este principio en la práctica?
No se trata de una idea abstracta, sino de una guía concreta para la acción. Implica evaluar, en cada situación, qué decisión resguarda mejor los derechos del niño o niña, considerando su contexto, su historia, sus vínculos y su etapa de desarrollo. Supone escuchar su opinión, proteger su integridad física y emocional, y promover condiciones que favorezcan su desarrollo pleno.
En Chile, este principio ha sido incorporado de manera explícita en la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, fortaleciendo su aplicación en el trabajo de instituciones, programas y profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia.
Para organizaciones como Fundación Prodere alinearse con el interés superior del niño no es solo un mandato legal, sino también un compromiso ético. Significa que cada intervención, decisión y acción debe centrarse en resguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, por sobre cualquier otra consideración. Implica mirar más allá de los procedimientos y situar en el centro a las personas, reconociendo su dignidad, su historia y su derecho a ser protegidos y escuchados.
Trabajar desde este enfoque no solo mejora la calidad de las intervenciones, sino que también fortalece el sentido del quehacer institucional: contribuir de manera real y significativa al desarrollo y protección de la infancia.
