Nuevo estudio confirma el rol estratégico de las fundaciones en la protección de la niñez y el bienestar social en Chile
Investigación del Centro de Políticas Públicas UC revela que cerca de 5,6 millones de personas son atendidas cada año por fundaciones en el país, consolidando a estas organizaciones como actores fundamentales en la implementación de políticas públicas y la protección de grupos vulnerables.
Las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel mucho más relevante para el desarrollo del país de lo que habitualmente se reconoce. Así lo demuestra el estudio “Impacto con Rostro Humano: Radiografía del aporte de la sociedad civil a las personas”, elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile para Sociedad en Acción, que entrega la primera estimación nacional sobre el alcance de estas instituciones.
La investigación concluye que las fundaciones llegan anualmente a 5.592.799 personas, cifra equivalente a tres de cada diez habitantes de Chile. El dato refleja la magnitud del trabajo que realizan miles de organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas dedicadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, la educación, la inclusión social, la salud y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.
Para Fundación PRODERE, cuyos programas se orientan a la protección especializada de la niñez y adolescencia, los resultados del estudio constituyen una evidencia concreta del valor que generan las organizaciones colaboradoras del Estado en la construcción de una sociedad más justa y protectora de los derechos de las personas.
La infancia concentra el mayor esfuerzo
Uno de los datos más significativos del informe es que el desarrollo y la protección infantil y familiar representan el principal ámbito de intervención de las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan programas públicos, beneficiando a más de 256 mil personas. Esta cifra supera ampliamente a otras áreas de acción, como educación, inclusión social o empleabilidad.
El estudio también destaca que la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil es especialmente intensa en materias relacionadas con la niñez, la educación y la inclusión social, donde las fundaciones aportan experiencia técnica, cercanía con los territorios y capacidad de respuesta frente a problemáticas complejas.
Un actor indispensable para las políticas públicas
La investigación revela además que las organizaciones de la sociedad civil participan en la ejecución de uno de cada tres programas públicos desarrollados por terceros en Chile, lo que confirma que su labor no es complementaria, sino estructural para el funcionamiento de numerosas políticas sociales.
Los investigadores sostienen que, en diversas áreas, el Estado y las fundaciones comparten responsabilidades en la provisión de apoyos y cuidados, especialmente en programas destinados a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.
Presencia donde más se necesita
Otro aspecto destacado por el informe es la fuerte presencia territorial de las fundaciones. Más de la mitad de sus iniciativas se desarrolla en comunas cuyos índices de pobreza multidimensional son superiores al promedio nacional, concentrando su trabajo precisamente en los territorios donde las brechas sociales son mayores.
Asimismo, el estudio estima que el 42 % de las personas que viven en situación de pobreza por ingresos y el 92 % de las personas en situación de calle participan en iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, cifras que reflejan el importante aporte de estas instituciones a la protección social del país.
Evidencia para fortalecer la colaboración
Los autores del estudio concluyen que disponer de información objetiva sobre el alcance de las fundaciones permite valorar con mayor precisión su aporte al bienestar de la población y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil.
Para organizaciones como Fundación PRODERE, que desarrollan programas especializados de evaluación, intervención y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país, estos resultados representan un reconocimiento al trabajo que diariamente realizan cientos de profesionales comprometidos con la protección de la infancia.
Más que cifras, el informe demuestra que detrás de cada programa existen personas, familias e historias de vida que encuentran apoyo gracias al trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, consolidando a estas instituciones como un componente indispensable del sistema de protección social chileno.
Fuente: Impacto con Rostro Humano: Radiografía del aporte de la sociedad civil a las personas (Centro de Políticas Públicas UC y Sociedad en Acción, diciembre de 2025).
Descargar Impacto con rostro humano: Radiografía del aporte de la sociedad civil a las personas
