La labor de Fundación PRODERE se desarrolla en conformidad con el marco legal vigente en la República de Chile y bajo los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, orientando su quehacer a la protección integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En este contexto, la Fundación se rige principalmente por las siguientes normas:
- Constitución Política de la República de Chile, que garantiza los derechos fundamentales de las personas.
- Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Chile que orienta todas las acciones de protección y restitución de derechos.
- Ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y regula su funcionamiento.
- Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Ley N° 20.032, que regula el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de colaboradores acreditados del Estado y su normativa complementaria.
- Normas técnicas, orientaciones y lineamientos dictados por el Servicio Nacional de Protección Especializada.
- Ley N.º 20.393 – Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. La empresa se rige por lo dispuesto en la Ley N.º 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por determinados delitos cometidos en su interés o beneficio, cuando estos sean consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión.
Fundación PRODERE rechaza toda forma de discriminación y mantiene el compromiso de velar porque todos sus trabajadores (as), tanto con contrato vigente como honorarios, sean tratados con respeto hacia su diversidad, promoviendo asimismo la equidad e igualdad de oportunidades, ya sea al establecerse la relación laboral o en cualquier etapa de su desarrollo. Además, esta oferta se encuentra bajo el marco de la Ley N° 21.015 que incentiva la contratación de personas con discapacidad.
Fundación PRODERE mantiene un compromiso permanente con el cumplimiento de la ley, la transparencia institucional y la promoción del interés superior del niño, asegurando una intervención ética, profesional y centrada en el respeto de los derechos humanos.
